Lecciones para la Reconstrucción Democrática en Venezuela: Los 40 años de democracia (1958-1998) y la oportunidad perdida tras la caída de Pérez Jiménez

 

Un país no logra progreso económico y social auténtico sin planificación estratégica orientada al desarrollo sostenible. De igual modo, una democracia no se consolida ni perdura sin esa visión a largo plazo.

Desde el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Venezuela vivió 40 años de democracia representativa. En ese período, la gestión visionaria y sostenible de los recursos petroleros —que representaban cerca del 80% de las exportaciones y la principal fuente de divisas— debió fortalecer las instituciones democráticas. Lamentablemente, esa visión no se materializó de forma consistente, lo que generó vulnerabilidades económicas y debilitó el sistema.

Venezuela careció en gran medida de líderes capaces de convertir la renta petrolera en un motor de desarrollo diversificado. Esta dependencia estructural limitó el fortalecimiento institucional y allanó el camino para crisis posteriores.

Evolución de la producción petrolera y su impacto: Del auge al colapso

Figura 1: Evolución de la producción petrolera en Venezuela (1958-1998)

Auge 1958-1970: Bienestar financiado por petróleo, sin diversificación

Bajo el dominio de multinacionales petroleras, la producción creció sostenidamente hasta su pico histórico de 3,75 millones de barriles diarios (b/d) en 1970. Estos ingresos masivos financiaron avances en infraestructura, educación y salud, posicionando a Venezuela en los niveles de vida más altos de su historia y destacándola en indicadores de derechos humanos.

Declive 1970-1989: Recortes OPEP, caída productiva y crisis cambiaria

Desde el gobierno de Rafael Caldera, políticas como recortes desproporcionados en la OPEP frenaron el crecimiento, sin equilibrar capacidades técnicas, reservas y necesidades fiscales. La producción cayó de 3,7 millones b/d en 1970 a menos de 2 millones en 1984 —niveles inferiores a los de los años 50 en algunos casos—. El boom demográfico (de 5-6 millones de habitantes en 1950 a más de 20 millones en los 90) diluyó los beneficios per cápita. La pobreza escaló del bajo nivel de los 70 al 40-50% en los 80, alcanzando 52-65% en los 90 (Banco Mundial y fuentes locales).

Figura 2: Pobreza en Venezuela, 1976-2006 (% de hogares o individuos pobres)

El Viernes Negro (1983) y RECADI: El origen real de la crisis y la erosión democrática

El Viernes Negro del 18 de febrero de 1983 rompió la estabilidad del bolívar (anclado en 4,30 por dólar desde los años 20) e inició el colapso económico que erosionó irreversiblemente la democracia puntofijista.

El sector público tenía entonces 25-30 mil millones de dólares en depósitos externos (BCV: 12-15 mil millones; FIV: ~9 mil millones; PDVSA: ~9 mil millones), superando 1,5-2 veces la deuda externa total (15-20 mil millones). Como señaló Miguel Rodríguez en “El verdadero origen de la deuda”, el problema no fue la falta de recursos, sino su manejo.

Bajo el gobierno de Luis Herrera Campins (1979-1984), los precios del petróleo se dispararon inicialmente debido a la crisis energética de 1979 (Revolución Iraní), alcanzando un máximo de entre 35 y 36 dólares por barril alrededor de 1980-1981, antes de descender hacia 1983-1984 debido al exceso de oferta y la menor demanda. Esta caída de los precios del petróleo, combinada con un endeudamiento externo excesivo y políticas expansivas, provocó una fuga de capitales de entre 8 y 20 mil millones de dólares. Como resultado, las reservas del BCV se redujeron de 19 mil millones de dólares en 1981 a entre 4 y 8 mil millones de dólares en 1983, lo que obligó a implementar controles cambiarios.

Así nació RECADI (28 de febrero de 1983-1989), que administró ~50 mil millones de dólares con tipos de cambio múltiples. En la práctica, fomentó corrupción masiva: sobrefacturación, empresas fantasma y sobornos. Investigaciones de 1989 revelaron desvíos colosales, calificados por El País como un escándalo de “50.000 millones de dólares en tráfico de divisas”.

La fuga de 1981-1983 —no el gasto en proyectos como Guayana— aceleró el endeudamiento. A fines de 1981, había 30 mil millones en depósitos externos frente a 15 mil millones de deuda. Políticas erráticas y convertibilidad libre incentivaron la salida de capitales, profundizando la corrupción bajo Lusinchi (1984-1989).

Las secuelas incluyeron devaluación >50%, pérdida de poder adquisitivo, paralización de inversiones y desconfianza institucional. Como citó Revista SIC (1984): “El verdadero origen de la deuda externa no fueron las empresas de Guayana ni el gasto en infraestructura, sino la fuga de capitales masiva [...] A fines de 1981, el sector público tenía aproximadamente treinta mil millones de dólares depositados en la banca internacional”.

Período 1989-1998: Recuperación temporal bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez

En 1989, con Miguel Rodríguez como Ministro de Planificación (Cordiplan) y Andrés Sosa Pietri en PDVSA, se impulsó un Programa de Desarrollo que logró el único crecimiento sostenido de producción bajo gestión estatal plena.

Dr. Miguel Rodríguez, Ministro de Planificación durante el segundo gobierno

 de Carlos Andrés Pérez.

Inversiones, apertura privada y expansión elevaron la producción a 3,4-3,5 millones b/d en 1997-1998, generando un breve auge (crecimiento mundial en 1991). Sin embargo, oposición política, bloqueos y golpes de 1992 interrumpieron las reformas, impidiendo diversificación y estabilidad.

Esta era probó que una gestión visionaria podía apuntalar la democracia, pero fue truncada, allanando el camino a 1998.

Conclusión: Lecciones de los 40 años democráticos

La renta petrolera sostuvo la democracia puntofijista al financiar bienestar, pero su mala gestión —falta de diversificación, recortes OPEP excesivos, volatilidad de precios y ausencia de fondos soberanos— creó un Estado rentista vulnerable.

La oportunidad perdida en 1989-1993 contribuyó a la fractura democrática y al colapso petrolero post-1999. Venezuela necesita recuperar una visión estratégica: usar el petróleo como palanca para la sostenibilidad, no como renta única.

 

Referencias principales

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN VENEZUELA (1917-2023)

EL VERDADERO ORIGEN DE LA DEUDA

BREVE HISTORIA DEL DR. MIGUEL RODRÍGUEZ

Video: “Especial Salida a la crisis de Venezuela Año 1992” (julio 1992).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE GUAYANA: EJEMPLO Y VIGENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

 

Lessons for Democratic Reconstruction in Venezuela: The 40 Years of Democracy (1958-1998) and the Missed Opportunity After Pérez Jiménez

 

No country achieves authentic economic and social progress without strategic planning focused on sustainable development. Likewise, a democracy cannot consolidate or endure without such long-term vision.

Following the overthrow of Marcos Pérez Jiménez's dictatorship on January 23, 1958, Venezuela experienced 40 years of representative democracy. During this period, visionary and sustainable management of oil resources—which accounted for nearly 80% of exports and the main source of foreign currency—should have strengthened democratic institutions. Regrettably, this vision was not consistently realized, creating economic vulnerabilities that weakened the system.

Venezuela largely lacked leaders capable of transforming oil rents into a diversified development engine. This structural dependence limited institutional strengthening and paved the way for later crises.

Evolution of Oil Production and Its Impact: From Boom to Collapse

Figure 1: Evolution of Oil Production in Venezuela (1917-1998)

Boom 1958-1970: Welfare Funded by Oil, Without Diversification

Under multinational oil companies, production grew steadily to a historic peak of 3.75 million barrels per day (b/d) in 1970. These massive revenues funded advances in infrastructure, education, and health, placing Venezuela at its highest living standards and prominent in human rights indicators.

Decline 1970-1989: OPEC Cuts, Production Drop, and Currency Crisis

From Rafael Caldera's government onward, policies like disproportionate OPEC cuts halted growth without balancing technical capacities, reserves, and fiscal needs. Production fell from 3.7 million b/d in 1970 to under 2 million in 1984—sometimes below 1950s levels. Demographic growth (from 5-6 million inhabitants in 1950 to over 20 million in the 1990s) diluted per capita benefits. Poverty rose from low levels in the 1970s to 40-50% in the 1980s, reaching 52-65% in the 1990s (World Bank and local sources).

Figure 2: Poverty in Venezuela, 1976-2006 (% of poor households or individuals)

Black Friday (1983) and RECADI: The True Origin of the Crisis and Democratic Erosion

Black Friday on February 18, 1983, shattered the bolívar's historical stability (pegged at 4.30 per dollar since the 1920s) and triggered the economic collapse that irreversibly eroded Puntofijo democracy.

The public sector held 25-30 billion dollars in external deposits (BCV: 12-15 billion; FIV: ~9 billion; PDVSA: ~9 billion), exceeding total external debt (15-20 billion) by 1.5-2 times. As Miguel Rodríguez noted in “The True Origin of the Debt,” the issue was not a lack of resources, but their mismanagement.

Under Luis Herrera Campins (1979-1984), oil prices initially surged due to the 1979 energy crisis (Iranian Revolution), peaking above $35–$36 per barrel around 1980–1981 before declining toward 1983–1984 due to oversupply and weaker demand. This fall in oil prices, combined with excessive external borrowing and expansionary policies, sparked a capital flight of $8–20 billion. As a result, BCV reserves dropped from $19 billion in 1981 to $4–8 billion in 1983, necessitating currency controls.

This led to RECADI (February 28, 1983-1989), which managed ~50 billion dollars via multiple exchange rates. In practice, it bred massive corruption: over-invoicing, shell companies, and bribes. 1989 investigations uncovered colossal embezzlement, dubbed by El País a “50 billion dollar currency trafficking scandal.”

The 1981-1983 flight—not spending on projects like Guayana—accelerated indebtedness. By late 1981, external deposits totaled 30 billion against 15 billion in debt. Erratic policies and free convertibility fueled outflows, deepening corruption under Lusinchi (1984-1989).

Consequences included over 50% devaluation, eroded purchasing power, stalled investments, and institutional distrust. As Revista SIC (1984) stated: “The true origin of external debt was not Guayana enterprises or infrastructure spending, but massive capital flight under free convertibility and erratic policies. By late 1981, the public sector held approximately thirty billion dollars in international banking.”

Period 1989-1998: Temporary Recovery Under Carlos Andrés Pérez's Second Term

In 1989, with Miguel Rodríguez as Planning Minister (Cordiplan) and Andrés Sosa Pietri at PDVSA, a Development Program achieved the only sustained production growth under full state management.

Investments, private sector opening, and expansion raised output to 3.4-3.5 million b/d by 1997-1998, sparking a brief boom (top global growth in 1991). Yet political opposition, sectoral blockades, and 1992 coup attempts derailed reforms, preventing diversification and macroeconomic stability.

Dr. Miguel Rodríguez, Planning Minister during Carlos Andrés Pérez's second government

This era proved visionary management could bolster democracy, but it was cut short, paving the way to 1998.

Conclusion: Lessons from the 40 Democratic Years

Oil rents sustained Puntofijo democracy by funding welfare, but poor management—lack of diversification, excessive OPEC cuts, price volatility, and no sovereign stabilization funds—bred a vulnerable rentier state.

The missed opportunity of 1989-1993 fueled democratic fracture and post-1999 oil collapse. Venezuela must reclaim strategic vision: leveraging oil for sustainability, not as the sole rent source.

MAIN REFERENCES

HISTORICAL EVOLUTION OF OIL PRODUCTION IN VENEZUELA (1917-2023)

EL VERDADERO ORIGEN DE LA DEUDA

BRIEF HISTORY OF DR MIGUEL RODRIGUEZ

 "SPECIAL EXIT FROM VENEZUELA`S CRISIS"

GUAYANA DEVELOPMENT PROGRAMME

MARÍA CORINA MACHADO: MANIFIESTO DE LIBERTAD

 

MARÍA CORINA MACHADO: FREEDOM MANIFESTO

Hacia una planificación estratégica de los sectores productivos y un modelo equilibrado de ocupación territorial en Argentina

 

El reciente análisis publicado por @arg_endatos (X Post ID: 1987956053464543578) evidencia una realidad estructural del sistema productivo argentino: el 49,6 % del PIB industrial se concentra en la provincia de Buenos Aires, mientras que cuatro provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) concentran el 79 %. 

 

Este desequilibrio no es solo económico; es territorial, social y de sostenibilidad a largo plazo. La planificación estratégica de los sectores productivos y de servicios constituye la plataforma económica de los países socialmente desarrollados. Noruega, por ejemplo, ha consolidado su bienestar mediante una metodología integral que alinea las potencialidades locales, regionales y nacionales con las necesidades de su población, garantizando sostenibilidad, generación de riqueza y equidad. En este sentido, surge una pregunta clave: ¿Qué "road map" estratégico tiene previsto el gobierno argentino para la planificación de los sectores productivos y de servicios que contemple, además de crecimiento, desarrollo armónico, inclusivo y territorialmente equilibrado.Lecciones de modelos de ocupación territorialUn caso paradigmático es el de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que entre 1951 y 2000 transformó Ciudad Guayana de 4.000 a más de 700.000 habitantes, absorbiendo parte del crecimiento demográfico concentrado históricamente en la franja andina-costera de Venezuela. Este polo de desarrollo no solo descentralizó población, sino que promovió fuentes de ingresos diversificadas, aprovechando recursos regionales en un hábitat armónico.

 

 

  

 Ciudad Guayana

                                                   

PROGRAMA DE DESARROLLO DE GUAYANA

https://juanguzman88.blogspot.com/2022/05/programa-de-desarrollo-de-guayana.html

 

 

Australia y Canadá han aplicado estrategias similares con la industria del aluminio, instalando refinerías de alúmina y plantas reductoras en regiones diversas, generando nuevos centros poblacionales y mejorando el aprovechamiento territorial.   

 

Bahrain y Emiratos Árabes Unidos, por su parte, han utilizado el gas asociado al petróleo para producir energía destinada a la electrólisis del aluminio, diversificando su economía más allá de los hidrocarburos. ¿Podría Argentina replicar este modelo con su industria del gas? El potencial de Vaca Muerta, combinado con incentivos para la industrialización local (como plantas de aluminio o fertilizantes), podría generar polos de desarrollo en Neuquén, Río Negro o Salta, reduciendo la dependencia del AMBA y promoviendo empleo de calidad en el interior.Contexto actual y desafíosEl Plan Argentina Productiva 2030 (2022) propuso duplicar exportaciones, modernizar industrias y generar el 70 % de nuevos empleos fuera del AMBA. Informes del INDEC y el CEPXXI (2025) muestran una contracción industrial del 8,8 % en 2024 y 3 % acumulada hasta junio de 2025. 

 

Aunque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) prioriza minería y energía, su alcance podría ampliarse a industrias de valor agregado regional. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025-2027 enfoca recursos en energía y minería, pero carece de una visión integrada para encadenamientos productivos territoriales. Es imperativo complementar estas iniciativas con incentivos fiscales diferenciados, infraestructura logística interprovincial y formación técnica regional.Propuesta de acciónArgentina requiere un Plan Nacional de Desarrollo Productivo Territorial 2035, con: 

 

1. Mapeo de potencialidades por corredor productivo (litio, gas, agroindustria, foresto-industria).
2. Creación de polos industriales desconcentrados con energía barata y logística integrada.
3. Fondo federal para industrialización de recursos naturales en origen.
4. Indicadores de impacto territorial (empleo, migración interna, PIB provincial).

Solo mediante una planificación estratégica, inspirada en experiencias exitosas y adaptada a la realidad, podremos transformar la concentración en oportunidad, y el desequilibrio territorial en desarrollo federal.

PROPUESTAS DE MARÍA CORINA MACHADO PARA LA RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO, Y SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA

 

LA PROPUESTA DE MARÍA CORINA PARA TRANSFORMAR VENEZUELA

María Corina Machado

Líder opositora venezolana. Ingeniero industrial con Especialización en Finanzas del IESA y graduada del Programa de Líderes Mundiales en Políticas Públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

 

Un “extenso programa de privatización” del sector petrolero es una de las principales propuestas de María Corina Machado, quien asegura que, de esta manera, se recuperará la producción y Venezuela pasará a ser el “hub” energético “de las Américas”, al convertirse en un “proveedor estable, seguro y confiable”.

La privatización, a su juicio, satisfará “necesidades perentorias de la población”, mejorará los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores petroleros y permitirá una “generación de empleo”, ya que las empresas requerirán de “ingenieros, técnicos, empleados y obreros” venezolanos.

 

Privatización y reactivación de la producción petrolera y de gas con atracción de empresas internacionales y nacionales especializadas. Venezuela es uno de los países con mayores reservas tanto de petróleo como de gas natural en el mundo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Agencia Internacional de Energía reconocen reservas por más de 300 mil millones de barriles de petróleo y 200 billones de pies cúbicos de gas natural. El objetivo es aumentar de manera sostenida la producción petrolera y de gas para aprovechar la ventana de oportunidad que existe de demanda mundial de hidrocarburos.

Para lograr este objetivo se requerirá grandes inversiones que el Estado venezolano no puede hacer. La atracción de capitales privados es la solución, y la estrategia para lograrlo es la privatización.

Se privatizarán todas las actividades productivas de la industria que sea aconsejable para lograr inversiones privadas masivas y el incremento sostenido de la producción con condiciones que garanticen seguridad jurídica y un entorno atractivo para los inversionistas.

El Estado seguirá recibiendo recursos fiscales en forma de regalías y de impuestos, y asegurará las condiciones para que las empresas privadas incrementen la producción en el más corto plazo posible.

Se establecerá una Agencia Venezolana de Energía y Petróleo que asumirá la función reguladora de la industria. La privatización petrolera hará que Venezuela recupere su condición de abastecedor seguro y confiable para sus clientes y brinde inmejorables oportunidades de inversión en la industria.

Programa amplio de privatización de empresas y activos públicos para deslastrar al Estado de cientos de actividades empresariales ineficientes que sobrecargan la estructura del sector público y le cuestan a la Nación inmensos recursos en forma de subsidios.

La urgencia y necesidad de este programa están motivadas por el elevado número de entidades públicas de índole empresarial actualmente en manos del Estado venezolano, resultado de las numerosas estatizaciones principalmente a partir de 2007 y la desordenada creación de nuevas entidades públicas. 

Prácticamente todas estas entidades, hoy bajo control estatal, se encuentran en una situación financiera extremadamente precaria, con notables deficiencias técnicas y operativas.

Los recursos obtenidos por el programa de privatización serán empleados en el programa masivo de inversión para reactivar el crecimiento económico, aumentar el bienestar de la población e incrementar la capacidad productiva de la economía.

Un eficiente y transparente proceso de privatización de empresas mal administradas, siguiendo las mejores prácticas internacionales, permitirá un cambio sustantivo en la composición del gasto público, la activación productiva y la generación de mayores ingresos tributarios.

El programa busca alcanzar cuatro objetivos fundamentales:

Primero, optimizar el uso de las empresas y activos en manos del Estado para mejorar tanto la cantidad como la calidad de los bienes y servicios que ofrecen, mediante su transferencia al sector privado, que aportará capital, gestión y tecnología a estas entidades.

Segundo, mejorar la gestión del balance financiero de la República. El país tiene una significativa deuda externa, por la cual se pagan intereses considerables, mientras que existen empresas y activos valiosos que no se están aprovechando debidamente. Un programa de privatización como el propuesto puede contribuir sustancialmente a un balance financiero más sólido.

Tercero, contribuir al equilibrio de las cuentas fiscales y, por ende, a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento económico. Las empresas públicas representan una importante fuga de fondos públicos que son escasos y que son necesarios para atender múltiples demandas urgentes.

Cuarto, permitir la concentración de la gestión y administración pública en asuntos que son intransferibles o indelegables para el Estado. Se considerarán igualmente opciones de gestión privada de servicios públicos en los casos que lo ameriten.

 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

Venezuela será el Hub Energético de las Américas, con impacto mundial, a través de una combinación de energías provenientes de los abundantes recursos de hidrocarburos, y de los cuantiosos recursos energéticos renovables. 

El país volverá a ser un jugador de primer orden en la producción y refinación de hidrocarburos apoyado en la privatización de la industria petrolera y gasífera.

Adicionalmente, se recuperarán y desarrollarán los inmensos recursos de energías renovables hidroeléctrica, solar, eólica, y las aplicaciones energéticas del hidrógeno para, en conjunto con la producción petrolera y de gas, posicionar al país como el gran centro de energía continental y global.

En especial, respecto a las fuentes de energía renovables, se rescatará de manera prioritaria el potencial de producción hidroeléctrica del país para aumentar la contribución de esta energía limpia y sostenible al consumo eléctrico nacional y para su exportación.

El sistema hidroeléctrico del bajo Caroní (Guri, Macagua, Caruachi) tienen una capacidad instalada total de aproximadamente 15.000 MW, y junto con el resto de las hidroeléctricas, suman un total de 17.000 MW. Adicionalmente, la central de Tocoma no se ha completado después de muchos años de construcción. Se valorará la terminación de esta central que podría aportar más de 2.000 MW adicionales de energía limpia.

La demanda máxima del país, alcanzada en 2013, podría ser atendida casi en su totalidad por la generación hidroeléctrica instalada actualmente. Sin embargo, el sistema produce aproximadamente la mitad de su capacidad, por falta de inversión, mantenimiento y gerencia. El rescate del sistema hidroeléctrico de Venezuela será una prioridad del Estado para asegurar una matriz energética limpia a nivel nacional.

Venezuela cuenta con grandes oportunidades de aprovechar la energía solar y eólica en extensas áreas del país. Se incentivará la inversión privada en estas energías para aumentar su contribución a la matriz energética nacional.

Igualmente se incentivará la investigación y la inversión en la producción de hidrógeno con aplicaciones energéticas. Con un esfuerzo de inversión masiva en energía por parte del sector privado y el Estado, Venezuela podría superar los 75.000 MW solo con hidroelectricidad y energía eólica (como se detalla más adelante en este programa), una cifra varias veces superior al consumo nacional.

En adición a la capacidad de generación de energía limpia, Venezuela tiene un potencial de cerca de 20.000 MW de generación térmica, que por sí sola podría abastecer igualmente al país holgadamente, aunque en la actualidad solo un 10% está operativa y disponible.

El conjunto de fuentes de generación eléctrica permitiría convertir a Venezuela en un centro de exportación de energía con fuentes renovables a los países de la región. Como punto de comparación, la demanda de energía del país pasó de un pico de 18.600 MW en 2013 a cerca de 12.400 MW actualmente como consecuencia de la depresión económica.

El crecimiento de la economía, como resultado del plan de expansión que se propone en este programa, hará crecer la demanda de energía. Sin embargo, el potencial de generación energética total del país abastecerá toda la demanda, y dejará un excedente masivo que podrá ser exportado. El restablecimiento y desarrollo de las diversas fuentes de energía convertirán a Venezuela en un actor internacional de primer orden, y abastecedor seguro de los países que pueden beneficiarse del potencial energético del país.

Se implementará un programa de gas domiciliario por tubería progresivamente en las ciudades del país aprovechando el incremento de la explotación del inmenso potencial de gas que tiene Venezuela, a través de una combinación prioritariamente de inversión privada y de aplicación del programa de inversión pública en infraestructura en los casos que no sean comercialmente rentable.

 

REFERENCIA

VENEZUELA TIERRA DE GRACIA

La propuesta de María Corina para transformar Venezuela

La propuesta de María Corina para transformar Venezuela